Araceli Saucedo propone reforzar la protección de niñas y adolescentes frente al embarazo infantil, y que se dé aviso a las autoridades judiciales
En el Pleno propuso reformar la Ley General de Salud para activar protocolos especiales de atención, protección y seguridad ante casos de embarazo infantil
Ciudad de México, 02 de septiembre del 2026.- Para fortalecer la protección de las niñas y adolescentes frente al embarazo infantil y garantizar una atención integral que salvaguarde sus derechos humanos, su vida y su integridad, la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, presentó ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud.
La propuesta busca establecer que, ante un embarazo infantil, el personal de salud active un protocolo especial de atención materno-infantil y, en coordinación con el área de Trabajo Social, implemente las medidas de seguridad necesarias para proteger a la menor y dar aviso inmediato a las autoridades correspondientes cuando existan indicios de violencia sexual.
Al presentar la iniciativa, advirtió que no puede hablarse de consentimiento cuando se trata de una niña, por lo que cualquier embarazo infantil debe ser atendido con perspectiva de protección integral y como una posible expresión de violencia sexual y dijo que ninguna costumbre, tradición o práctica cultural puede justificar la vulneración de los derechos de las niñas.
La senadora señaló que las cifras evidencian la gravedad del problema y recordó que durante 2025, 7 mil 887 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en México, lo que representa aproximadamente 22 casos diarios.
Ante esta realidad, consideró indispensable fortalecer la respuesta de las instituciones de salud y garantizar mecanismos de protección para las menores.
Araceli Saucedo también plantea modificar el artículo 67 de la Ley General de Salud para fortalecer o impulsar la instalación de Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo Infantil y Adolescente, en coordinación con los grupos estatales, particularmente en municipios con mayores índices y considerados de alta prioridad.
“No puede existir una relación y menos un embarazo consensuado cuando estamos hablando de una niña; aquí no cabe de ninguna manera el consentimiento”, sostuvo, al enfatizar que el Estado debe garantizar que las menores sean escuchadas sin revictimización, reciban atención especializada y cuenten con condiciones de seguridad frente a cualquier posible agresor.
La legisladora michoacana afirmó que combatir el embarazo infantil exige dejar de normalizar estas situaciones y actuar de manera decidida para proteger a las niñas, erradicar las violencias que afectan su desarrollo y garantizarles el derecho a un futuro de libertad, bienestar y pleno ejercicio de sus derechos.
