En la firma del Compromiso por La Paz de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Jorge Álvarez Máynez presentó los cinco puntos de su Plan Nacional de Pacificación para implementarlo como Presidente de la República.
El primero de esos ejes, es la vía civil, tener una nueva visión sobre las policías en el país, que sean civiles, y dotarlas de capacidades de investigación. Esto es, no a una mega cárcel, sí a una academia de mandos policiacos, de alta gerencia policial para mejorar su capacitación.
“Actualmente, hay 370 mil policías en el país y 12 mil agentes del ministerio público. Sólo pueden investigar los segundos. Por eso las personas tardan de 2 a 4 horas levantando una denuncia, por eso solo 11 de cada 100 denuncias, y solo 8 de cada 100 que denuncian, llegan a una carpeta de investigación, y luego el 40% de esas se
archiva”, expresó Máynez.
El segundo eje, es enfrentar a la impunidad, ya que en México, “las personas van a la cárcel porque son pobres, no porque sean delincuentes. Otro de los temas que tenemos en coincidencia con el documento, es la posesión simple de marihuana.
Lo que se criminaliza en realidad con ese tipo de políticas punitivistas es la pobreza. ¿Para qué hacer más grandes las cárceles sí desde las cárceles se está cometiendo principalmente el delito de extorsión? Hay que entrar a un proceso de reinserción social”, enfatizó.
Máynez fue el primer legislador mexicano en presentar una iniciativa para que desaparezca la prisión preventiva oficiosa, que es inconvencional e inconstitucional.
En su tercer punto, resaltó la importancia de ponerle fin al prohibicionismo, ya que ese enfoque no ha funcionado y se puede aprovechar la regulación para aumentar los ingresos del Estado, que permitan sumar recursos a programas de prevención de adicciones.
“Cuando el documento plantea que se necesita un sistema de cuidados, un tema recurrente que vamos a tener en todas las propuestas que hagamos, es de dónde se van a financiar. Una fuente de ingresos tiene que ser la regulación del mercado de drogas, el que es el mercado negro no contribuye nada a la posibilidad del estado de combatir”, resaltó Álvarez Máynez.
El cuarto punto es la necesidad de fortalecer la defensoría pública a la par de combatir el punitivismo, ya que, aseguró, debe ser accesible la justicia para las mexicanas y los mexicanos. Se debe democratizar la justicia, por supuesto, pero no como se concibe. Por ello, se debe reformar el amparo.
“Actualmente, las suspensiones son un instrumento para que solo tenga acceso a un tipo de justicia las personas que tienen recursos económicos, que tienen un privilegio para poder defenderse”, aseguró.
Y el quinto punto, es poner en el centro a las víctimas para tener un proceso de construcción de paz y justicia transicional, que empieza por una reforma de las instituciones.
“Por supuesto, de todo lo que estoy hablando, todo se tiene que implementar con gradualidad, con evidencia, con sensatez, pero el horizonte tiene que iniciar pronto”, concluyó Máynez respecto a su Plan Nacional de Pacificación.
También, reconoció el diagnóstico del proceso de involución que ha tenido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y señaló la necesidad de revertir ese proceso y garantizarle mayor autonomía, y de hacer lo mismo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y con la Comisión Nacional de Búsqueda. Integrar a las víctimas en su gestión, en su toma de decisiones, fortalecer su autonomía y poner en marcha procesos que puedan implementarse y desarrollarse con dignidad.
Álvarez Máynez destacó la importancia del liderazgo asumido por la CEM en medio de la tragedia y el horror que afecta a la nación, y reconoció la importancia de poner en el centro a las víctimas para la construcción de paz y justicia, al igual que la reforma de las instituciones y el fortalecimiento a la atención y el apoyo a quienes
han sido afectados por la violencia.
Estos cinco ejes constituyen la base del enfoque integral de Álvarez Máynez para transformar el modelo de seguridad en México y construir un país más seguro y pacífico, contrario a las propuestas de la vieja política que han profundizado un modelo fallido en materia de seguridad durante casi dos décadas.
