Estas elecciones son históricas. Así lo dice el eslogan, y no es una exageración: por primera vez en México, la ciudadanía elegirá a quienes integrarán el Poder Judicial. No obstante, esta apertura democrática viene acompañada de dudas profundamente relevantes sobre los perfiles que se postulan. Entre ellas, destaca la inexperiencia en la carrera judicial, la falta de procesos de evaluación técnica y la ausencia de una trayectoria progresiva que respalde su idoneidad para el cargo.
No se trata de defender a ultranza el modelo anterior, claramente capturado por grupos de poder que lo convirtieron en un sistema de privilegios y no de méritos. Esa crítica es, de hecho, la justificación central para la Reforma. Sin embargo, hay que ser claros: en la práctica del poder público en México, quien encabeza una administración —ya sea un municipio, una entidad federativa o la propia nación— tiende a colocar en posiciones clave a personas de su círculo cercano, más por lealtad política que por competencia profesional.
Esto no es exclusivo del Poder Ejecutivo. También en el Legislativo, nuestros representantes populares muchas veces desconocen el procedimiento parlamentario y dependen de asesores técnicos para legislar. Es previsible que algo similar suceda ahora en el Judicial: muchos de los nuevos perfiles requerirán el apoyo de consultores o especialistas. Y ahí radica un nuevo riesgo: esos puestos técnicos podrían ser ocupados no por expertos independientes, sino por personas allegadas, elegidas por afinidades políticas o lealtades personales, no por sus capacidades críticas.
Si bien esta elección representa un ejercicio inédito de participación ciudadana, también nos enfrenta a una disyuntiva compleja: ¿será esta una expresión genuina de democracia deliberativa o una puerta abierta a la colonización del Poder Judicial bajo nuevas formas de control?
En última instancia, lo que está en juego no es sólo quién ocupa un cargo, sino el tipo de justicia que se construye. La historia juzgará si esta fue la mejor o la peor decisión que un pueblo, en uso de su derecho democrático, pudo haber tomado.
