
La Asociación Michoacana de Periodistas (AMIPAC) expresa su más enérgico rechazo a la reciente aprobación de la llamada Ley de Apología del Delito por parte del Congreso del Estado de Michoacán.
Este retroceso legislativo representa un golpe directo a la libertad de expresión, colocando a periodistas en una situación de riesgo extremo: «Puedes hablar, pero si incomodas al poder, serás castigado.»
La nueva ley convierte la labor periodística en un acto criminal si esta resulta incómoda para funcionarios, diputados o gobernantes, atentando contra uno de los pilares fundamentales de toda democracia: el derecho del pueblo a estar informado.
La libertad de expresión se viste hoy de presidiario en Michoacán.
Los muros que se levantan no son físicos, pero sí igual de opresivos.
La Asociación Michoacana de Periodistas (AMIPAC) manifiesta su más profunda indignación y preocupación ante la aprobación de la llamada Ley de Apología del Delito, avalada el día de ayer por el Congreso del Estado de Michoacán.
Con esta decisión legislativa, la libertad de expresión se viste de presidiario en Michoacán. La nueva redacción legal, ambigua e irresponsable, abre la puerta a la persecución judicial de periodistas que informan, investigan y denuncian hechos relacionados con la vida pública, la corrupción o el actuar de las autoridades.
Hoy, se nos dice:
«Puedes hablar, pero si lo haces en contra de los diputados o gobernantes, serás sentenciado.»
Este mensaje no solo es un agravio a quienes ejercemos el periodismo, sino una amenaza directa a toda la ciudadanía, que tiene el derecho a ser informada con veracidad, sin censura y sin miedo.
Desde AMIPAC advertimos que esta ley representa un mecanismo de censura encubierta, que criminaliza la labor periodística y sienta un peligroso precedente: pretende imponer el silencio mediante el castigo. En lugar de proteger a los comunicadores, esta ley los pone entre la espada y la pared.
Recordamos que la libertad de expresión no es un privilegio, es un derecho constitucional y un pilar esencial de la democracia. Atentar contra ella es abrir la puerta al autoritarismo, a la impunidad y a la oscuridad informativa.
La censura disfrazada de legalidad no puede ni debe ser tolerada. Hoy es un periodista; mañana puede ser cualquier ciudadano que cuestione al poder.