Araceli Saucedo propone fortalecer legislación y cerrarle paso a la violencia política en México
Morelia, Michoacán, a 23 de octubre de 2024.- Para cerrarle el paso a la violencia política en México, la Senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes propuso reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La senadora michoacana plantea que se sancione a las personas que a través de presiones externas como lo son: calumniar, injuriar, denigrar, descalificar o fomentando el odio y la violencia; pretenda evitar que las mujeres que ocupan cargos de elección popular tomen decisiones libremente.
La violencia política en razón de género, dijo es una violación grave a los derechos humanos que atenta contra la dignidad de las mujeres y obstaculiza la participación política de las mujeres.
Araceli Saucedo manifestó que, los esfuerzos por alcanzar una vida libre de violencia por razón de género en el ámbito político, difícilmente se fortalecerá, si no se fortalece la legislación y se sanciona las distintas manifestaciones de violencia que las mujeres, aspirantes y titulares de un cargo de elección popular enfrentan.
“La legislación debe renovarse de acuerdo a las necesidades conforme transcurre el tiempo, por lo que es fundamental impulsar reformas a la legislación, actualizar las formas en las que se puede manifestar la violencia política, definir sus alcances e implicaciones y los mecanismos de sanción para quienes ejerzan estos tipos de violencia hacia las mujeres”.
Por ello, propuso reformar la legislación vigente y sancionar a quien incite al odio, genera violencia o amenace a una mujer por ejercer su libertad de asociación y atente contra sus derechos.
“La violencia política es un problema que se acentúa por la falta de reconocimiento y por las omisiones que autoridades y partidos políticos permiten. Por lo que se debe proteger a todas independientemente de si es aspirante a una candidatura, es candidata o se encuentra ejerciendo algún cargo de elección popular”.
Sostuvo que es necesario que la toma de decisiones dentro del ejercicio de un cargo no sea condenada por terceros, solo por el hecho de no coincidir con su ideología política o social, al grado de calumniar, injuriar, denigrar, descalificar o referirse a una mujer de manera despectiva, solo por esa diversidad de ideas o por el hecho de ejercer su derecho de libertad de asociarse.
