Tras la suspensión definitiva que a finales de mayo de 2023 ordenó el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, a las obras de los tramos 3, 4, 5 norte y 6 del Tren Maya, por no cumplir con las condiciones que aprobó la Semarnat y que prohibían tapar, rellenar u obstruir cenotes, cavernas, arroyos y ríos con cualquier material o residuos, el presidente López Obrador acusó a la Suprema Corte de Justicia de golpe de Estado “técnico”.
Entonces, medios intentaron aproximar a sus lectores al concepto de golpe de Estado; el militar, que data desde el siglo XVII y reducido a la milicia como autor preponderante; otras figuras que aportaron fue el golpe de Estado “blando”, en el que participan agentes extranjeros mediante acciones para desestabilizar económicamente a un país y deponer al gobierno, y el golpe de Estado “Institucional”, que se da cuando el Poder Ejecutivo invade facultades de otros Poderes o no respeta las normas.
Salvador Mejía, en elceo.com -también sin referir marco teórico- lo define como la “manipulación de las estructuras y sistemas tecnológicos de un país para obtener y consolidar el poder político de manera ilegítima pero sin violencia, algo así como si el ataque fuera realizado desde el soft power a diferencia de un golpe de estado mediante el hard power, digamos que a cargo del Ejército”.
El caso, que no existe como tal el concepto usado por López Obrador, como sucede con el mentado “humanismo mexicano” que ni él mismo entiende. Pero como dice Mejía, el plan es quedarse en el discurso de la propaganda política para convencer a sus bases que esta siendo atacado y por tanto se justifica la persecución de opositores, controlar a los medios y si es necesario, acotar derechos como el de la libertad de expresión y de manifestación. Como la golpiza a trabajadores ciegos y débiles visuales que marchaban por mejores lugares para laborar en el Metro de la Ciudad de México.
Me plantó en el abordaje de Fabricio Pereira Da Silva, profesor de Ciencia Política de la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro (UNIRIO), respecto a los matices del paradigma del golpe militar; uno de ellos, el neogolpismo por los casos de Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff en Brasil (2016) y que interpreta como procesos de desestabilización y derrumbe de gobiernos legítimamente elegidos sin uso de la violencia física por parte de los militares. (Disponible en: https://www.perfil.com/noticias/internacional/los-golpes-institucionales-son-golpes-de-estado.phtml)
Así las cosas, el golpe de Estado “técnico” por parte de la oposición y la Corte, es un invento del Presidente para “tender cama” desde ahora -a dos meses y medio de las elecciones- a su siniestro plan para perpetuarse en el poder. Porque el Poder Judicial de la Federación, con sus sentencias, lo único que hace es cumplir con su función de contrapesos entre Poderes y ser garante del cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes.
Pero lo que en sentido estricto estamos viviendo en México desde enero de 2023 que llegó Norma Piña a la presidencia de la Corte, es un golpe de Estado “institucional” con el uso indebido o extraordinario de recursos de uno o dos Poderes -AMLO y la mayoría legislativa de la 4T- para anular parcial o totalmente a otro Poder, en este caso el Judicial Federal. El fin, puede ser para evitar o acabar con los excesos en el ejercicio de la autoridad -que en este caso aplica, pero al contrario- o para llevar a cabo una reforma profunda de la estructura de Estado, que es lo que pretende López Obrador: imponer un régimen autocrático…
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En la entrega anterior, me referí al cúmulo de quejas y denuncias en el INE y el Tribunal Electoral, por la injerencia recurrente del Presidente en el proceso electoral 2024, lo que vulnera los principios constitucionales de equidad, imparcialidad y neutralidad, y que en momento dado, pueden incidir en la calificación de la elección presidencial. Todo cuenta, a favor o en contra.
Pues esta semana, revivió el cuento del golpe de Estado “técnico” del Poder Judicial, para encajarlo en lo electoral, porque le esta limitando su derecho de réplica y libertades. La consultora SPIN de Luis Estrada le ha contabilizado 172 menciones sobre un supuesto golpe de Estado.
Ahora se queja de un aumento en las acciones de jueces en su contra. “Nunca había visto a los jueces tan activos. Ya no puedo hablar de ciertos periodistas (Raymundo Rivapalacio), los jueces me lo prohibieron; me están pidiendo de una señora (Xóchitl Gálvez) que tampoco puedo hablar, que yo borre unos ‘tuiteres’ pasados”. Pues sí, obtuvieron el amparo de la justicia federal, primero, porque el columnista y la entonces senadora, lo promovieron; y dos, habla de ellos nada más para agredirlos, insultarlos, denigrarlos, lo que decanta en agresiones verbales y amenazas de sus bots y trolls en redes sociales.
“Incluso todavía están por notificarme, yo creo que ya lo hicieron, de que yo no hable nada del proceso electoral con la amenaza de que van a levantar un listado, van a hacer un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor o utilizar las infracciones en el momento de la calificación de la elección”. Precisamente ayer, el INE le ordenó eliminar y/o editar algunos fragmentos de la entrevista que concedió a la periodista rusa Inna Afinogenova, de canal RED, en los que pondera los atributos de Claudia y su movimiento y emite juicios de valor negativos contra el PAN y PRD, lo que podría generar un desequilibrio en la equidad de la contienda, dado que es el Presidente de la República.
Bueno, otra vez en sentido estricto, es la Constitución la que le prohíbe que se meta en las elecciones y los jueces, magistrados y la Corte están obligados a resolver en ese sentido. Lo sabe, pero esta tan desesperado porque su “corcholata” no levanta, su propaganda ya no pega como antes y ve a Xóchitl crece y crece. Huele la derrota.
López Obrador se queja del nivel de confrontación política al que se ha llegado por la manipulación mediática en su contra.
A ver. Quien esta metido en las elecciones indebida e anticonstitucionalmente, es López Obrador; quien polarizó a la nación entre buenos y malos, fifís y “pueblo”, fue él; quien negó todo diálogo con la oposición, fue él. Xóchitl Gálvez está en su papel de candidata presidencial con otro proyecto de gobierno y rumbo para México, porque simple y llanamente, su 4T es un pinche fracaso.
Y eso de que la mayoría de los medios de comunicación están a favor de la oposición, es otro vil berrinche del chillón de Palacio Nacional.
Tiene toda la radiodifusión y canales de televisión estatales a su favor; todos los medios digitales, de radio y televisión concesionarios publican hasta el hartazgo, lo que dice en las “mañaneras”. No hay noticiero -y son un chingo, miles- que no repita sus sandeces. ¡Ah! Que se destacen en la interpretación, eso no lo va a evitar nunca porque es el derecho universal de opinar.
El tema, como lo he referido en diversas entregas, está en qué es lo que busca López Obrador con posicionar la narrativa sobre un golpe de Estado desde el Poder Judicial, que es imposible, porque el que tiene el poder de las armas -Ejército y crimen organizado- es él. Su propósito -se ve- es que gane Claudia y la mayoría constitucional en el Congreso General para redactar “su” constitución y regresar a la presidencia ´por aclamación popular´, tras una renuncia de la prestanombre “por motivos de salud”. Si pierde, coincido con los expertos, un autogolpe de Estado, ahora sí, a cargo de los militares para ampliar el mandato hasta que ´el país se estabilice y se recobre la paz´.
Con todo respeto al ilustre Raymundo Rivapalacio, no comparto la idea de que la “científica” ya con la banda presidencial cruzando sus pechos, sea “juego nuevo”. Porque toda la mafia morenista en el poder, ella misma, le deben todo a su líder político. Hasta que se muera -como sucede con todos los dictadores, así lo rellenen de formol como a Hugo Chávez-, entonces se destriparán por sucederlo.
A la presidenta del Tribunal Electoral del PJF, Mónica Soto, no se le puede creer que nadie les dice, qué hacer ni cómo votar sus resoluciones; que no les tiembla la mano ni se doblan a las presiones políticas. Qué pasó en 2021, que en Michoacán y otros estados avalaron con sus fallos, la injerencia criminal en las elecciones para gobernadores…
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Porque jamás, en el caso del michoacano Alfredo Ramírez Bedolla, se borrará el estigma de haber ganado la gubernatura con la ´ayudadita´ de malosos. Si a ello se suma el bodrio que ha sido su gobierno, se explica que el único presidente mejor calificado en Morelia, sea Alfonso Martínez, quien supera por seis dígitos, al mismísimo López Obrador.
´Eso si calienta´, se habría encabronado el Peje. Entonces se le ocurre a Bedolla, darle más duro a la contienda electoral y emprender una embestida contra Poncho -que buscará la elección consecutiva- a través de funcionarios de su gabinete.
Los casos más patéticos, es el del doctor Elías Ibarra, secretario de Gobierno y de Antonio Soto, jefe de Oficinas Sectoriales, que como no sirven para nada, los trae como corrientes “sicarios políticos” disparando estupideces contra el alcalde moreliano. Por cierto, ambos personajes fueron perredistas y le besaban la mano a Silvano Aureoles.
Viene el tema, por el problema de la concesión operativa del hotel Best Western, ubicado en el Ceconexpo de Morelia y que forma parte del patrimonio estatal.
Un grupo de empresarios morelianos, a través de Agustín Arriaga Díez, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) capitulo Michoacán, buscaron la concesión pero groseramente, el gobernador Bedolla los descalificó por “falta de solvencia moral y económica” y por haber sido voceros de Aureoles, junto con Martínez Alcázar. Este le respondió: ¿Cómo? Si medio gabinete estatal fue perredista y trabajaron con Silvano.
Pues ahora resulta que por asignación directa, Bedolla otorgó el arrendamiento por 10 años a la empresa Servicios Turísticos MAZZ, que representa a otras y que operan en el oriente michoacano limítrofe con el Estado de México. Sí, esa zona dominada por la “Familia Michoacana”.
Esta nota me hizo recordar un dato que me pasaron a finales de enero: un conocido matrimonio que trabaja para el gobernador morenista ofreció entrar a la subasta por la concesión del hotel. ¿Tanto dinero han hecho en estos casi tres años para entrarle a un negocio de tal envergadura? No se. Lo único que cuentan es que tienen supercasota fifififí y traen autos eléctricos. ¿Que lo sabe Bedolla? ¡Claro! O la otra, que este en el mismo business…
