Resolución de la Corte respalda la «Ley Cazzu», sostiene Sandra Arreola
La legisladora del PVEM aseguró que la resolución evidencia la necesidad de impedir que la negativa injustificada de uno de los padres sea utilizada como mecanismo de control contra el otro
Morelia, Michoacán, a 14 de julio 2026.- La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, aseguró que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un caso relacionado con la expedición de pasaportes para menores de edad fortalece el planteamiento de la denominada «Ley Cazzu» y evidencia la necesidad de legislar para evitar que los hijos sean utilizados como mecanismo de control entre los padres.
La legisladora explicó que el máximo tribunal resolvió un caso particular en el que una madre buscaba obtener el pasaporte de sus dos hijas para viajar a Estados Unidos, mientras que el padre se negaba a otorgar la autorización sin una justificación relacionada con un posible riesgo de sustracción de menores.
De acuerdo con Arreola Ruiz, la Suprema Corte determinó que la sola negativa de uno de los progenitores no debe ser motivo suficiente para impedir la expedición del documento cuando no exista evidencia de que los menores puedan ser sustraídos.
«Estamos muy contentos porque este criterio viene a reforzar la narrativa y la petición social que acompaña la Ley Cazzu», expresó.
La diputada sostuvo que este tipo de conductas han permitido, en algunos casos, ejercer violencia vicaria mediante el uso de trámites administrativos como forma de presión o castigo hacia alguno de los padres.
Indicó que la resolución judicial confirma la existencia de una problemática social que durante años ha afectado a diversas familias y que ahora cuenta con un precedente emitido por la Suprema Corte.
Adelantó que revisará a detalle la sentencia para fortalecer el impulso de la iniciativa en el Congreso de la Unión, donde actualmente permanece en comisiones.
Asimismo, señaló que la propuesta busca agilizar los procedimientos para la autorización de trámites cuando un juez determine que no existe riesgo para los menores, evitando que una negativa injustificada limite derechos de niñas, niños y adolescentes.
Como ejemplo, mencionó casos en los que el otorgamiento de la firma para un pasaporte ha sido condicionado al retiro de demandas por pensión alimenticia u otras exigencias personales, así como situaciones en las que menores han perdido oportunidades deportivas o académicas por la falta de autorización de uno de sus padres.
Finalmente, la legisladora reiteró que la protección contra la sustracción de menores debe mantenerse, pero consideró necesario generar mecanismos que permitan distinguir entre los casos que representan un riesgo real y aquellos en los que la negativa únicamente responde a conflictos entre los progenitores.
