La «Ley Cazzu» llega a San Lázaro: Buscan poner fin al «chantaje burocrático» contra hijos de padres ausentes
Morelia, Michoacán a 27 de marzo de 2026.— En un paso decisivo para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México, el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar anunció que presentará formalmente la iniciativa denominada “Ley Cazzu” ante la tribuna de la Cámara de Diputados durante la próxima Semana de Pascua.
Esta propuesta, que ya cuenta con el respaldo suscrito de más de 40 legisladores de diversas fracciones, busca eliminar las barreras administrativas que impiden a madres y tutores gestionar documentos de identidad y servicios de salud para menores ante la ausencia o irresponsabilidad del otro progenitor.
La iniciativa tiene su origen en el Congreso de Michoacán, de la mano de la diputada local Sandra Arreola, pero su impacto ha resonado a nivel nacional e incluso internacional. El nombre de la ley hace referencia al caso de la cantante argentina Cazzu, cuya situación personal visibilizó una problemática que sufren millones de mujeres en México: la utilización del consentimiento legal (como la firma para el pasaporte) como una herramienta de control y violencia vicaria por parte de padres que no cumplen con sus obligaciones económicas o afectivas.
«Es impresionante la cantidad de llamadas que hemos recibido, muchas veces con tal de lastimar a la expareja es que perjudican a los menores porque no les quieren dar los permisos para que puedan viajar, no les quieren dar las firmas para que puedan sacar trámites. Hay casos de salud, hay casos de becas deportivas que se pierden por estos casos
que hemos recibido. Madres que pierden becas deportivas para sus hijos, solo por molestar a la expareja», explicó Núñez Aguilar.
El legislador detalló que, aunque la ley actual permite recurrir a un juicio para obtener estos permisos, el Poder Judicial suele demorar hasta un año en resolver, tiempo que resulta fatal para las oportunidades de desarrollo de un menor.
La «Ley Cazzu» propone que el incumplimiento comprobado de la pensión alimenticia o la ausencia injustificada sea motivo suficiente para que la madre o el tutor presente pueda realizar trámites de movilidad y salud de manera autónoma.
Núñez Aguilar enfatizó que no se trata de una ley punitiva contra la figura paterna por cuestiones de género, sino de una normativa basada en el «interés superior del menor». Con esta reforma, se busca que la burocracia deje de ser un arma de coacción en procesos de divorcio o separación, garantizando que el derecho al libre desarrollo y a la salud de los niños no dependa del «visto bueno» de un progenitor irresponsable.
