Morelia, Michoacán, 14 de mayo 2025.- En el congreso del estado ya se dio lectura de la iniciativa presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, relativa con la apología del delito y las sanciones que conllevaría esta práctica. Algunos legisladores ya adelantaron que sí modificarían párrafos para garantizar la libertad de expresión en medios de comunicación.
Inicialmente, Juan Pablo Celis Silva, de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), expresó su respaldo absoluto a la propuesta, argumentando que cualquier instrumento legislativo orientado a la construcción de la paz merece apoyo.
Aunque indicó no haber leído completa la iniciativa porque se leería en el pleno, señaló estar de acuerdo con sancionar tanto la apología del delito, como cualquier expresión de violencia o crueldad. Incluso dudó que la redacción del ejecutivo tiende a limitar la libertad de expresión en los medios de comunicación, pero de haber alguna situación confusa, es susceptible de sufrir cambios en la comisión legislativa de justicia y en el pleno.
El también morenista, Juan Carlos Barragán Vélez, advirtió que la iniciativa no puede aprobarse al vapor -como ha ocurrido con otras- y exigió un análisis profundo, ya que de lo contrario, se corre el riesgo de penalizar ideas y formas de pensar.
“De 3 a 6 meses y de 80 a 150 UMAs ¿por pensar diferente? ¿En qué país estamos? Ahora, en Michoacán, por pensar diferente te juzgan”, denunció.
Añadió que incluso se habla de sancionar imágenes o expresiones que puedan interpretarse como apologías del delito, lo cual podría implicar censura; ejemplificó portar una playera con una imagen de marihuana.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora, pidió no adelantar conclusiones, al asegurar que la propuesta seguirá el curso legislativo correspondiente y podrá ser modificada en caso de que atente contra la libertad de expresión.
“No debe haber censura. Hay que ser precisos sobre qué se entiende por apología del delito. Para mí, como penalista, eso implica ensalzar una actividad ilícita. Pero siempre debe garantizarse la libertad de expresión y de prensa”, concluyó.
Hay que destacar que dos organizaciones de periodistas; Amipac y Ni Uno Más, ya fijaron posicionamientos en contra de la redacción de la iniciativa del ejecutivo.
